A paso lento avanza la investigación por Fraude al Fisco en la Municipalidad de San Felipe, denuncia interpuesta por la propia Alcaldesa Carmen Castillo el día 26 de abril en la PDI de Los Andes.
Lento, pero seguro.
Ese mismo sábado, horas después de su cuenta pública, la autoridad aseguró haberle solicitado la renuncia “por pérdida de confianza” al Jefe Jurídico Mario Fuentes Romero. Según dijo en una declaración pública, esto ocurrió tras detectar “una presunta falsificación de instrumento público y con un presunto fraude al fisco en una contratación, en la cual el funcionario Sr. Fuentes resultó ser la contraparte técnica.”
Dicha contratación, de una empresa del abogado Gonzalo Rojas Ramírez, en algún momento vinculado a Fuentes Romero, fue por trato directo; donde el ex Gobernador de Bachelet en Petorca no se inhabilitó ni se restó de participar en el proceso de contratación, que ya era cuestionado, pues la vía del trato directo no es habitual.
En este caso, se pretendieron pagar 2 millones de pesos a Rojas, sin entregar los verificadores que corresponden a cada actividad. En simple, lo que permite comprobar que lo contratado se realizó. En esto, se pudo establecer sólo la materialización de una reunión. En otra, se pudo comprobar que una de las acciones fue copiar y pegar una actividad desarrollada el año 2023 para la Municipalidad de Quilpué y que los informes en derecho “elaborados” por Rojas eran una copia de informes jurídicos que ya había realizado el anterior Director Jurídico Felipe Salaya.
Esto fue objetado por un INFORME DEPARTAMENTO DE CONTROL de la Municipalidad de San Felipe, que derivó lo ocurrido al Concejo Municipal, que estableció el no pago de la cuestionada asesoría.
Por este motivo, Gonzalo Rojas Ramírez, Mario Luis Fuentes Romero y Daniela Paz Quiroz Saá están siendo investigados en calidad de imputados, puesto que dicha contratación se habría extendido además a otros servicios prestados por el Sr. Rojas, que habría superado la contratación por el periodo de dos meses. En síntesis, el pago pretendido de 2 millones de pesos, podría haberse multiplicado de no mediar la oportuna intervención de la Dirección de Control.
Estar imputado no significa necesariamente ser culpable de un delito; pero se está en esa condición, porque el Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para sospechar de su participación en un hecho delictivo.
La Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI ha realizado un trabajo acucioso, interrogando e investigando, tanto dentro como fuera del edificio de Salinas esquina Prat.
Y en ese devenir, alguien “de adentro” entregó a los detectives un dato impensado. Y eso puso el foco investigativo en la socia de Romero, Daniela Quiroz Saá. La misma que fue candidata a Consejera Regional por la provincia de San Felipe, en un cupo del Frente Amplio, y que no fue elegida.
La denuncia fue grave. La Abogada que defiende casos de derechos humanos, por más de un año, cobró por un trabajo que no realizó y que otra persona ya había ejecutado; la actual Consejera Regional Maricel Martínez Vicencio, trabajo que incluso se realizó en conjunto con el Serviu.
Fue la BRIDEC; y no la Municipalidad, con sus desgastados equipos internos, la que detectó dicho delito. Y lo hizo de una forma bastante simple: cuando un funcionario a honorarios envía su boleta para que le paguen, debe acompañar un informe de la tarea realizada. En el caso de Quiroz, los documentos entregados correspondían a la labor desarrollada por Martínez casi dos años antes.
En rigor, la Municipalidad de San Felipe ha pagado dos veces la realización de un sólo informe, y adivine quién era la contraparte técnica que debía velar porque no se le cobrara a la Municipalidad por un trabajo ya realizado. Si, adivinó, Mario Fuentes Romero, socio y amigo de Quiroz Saá, y quien habría recomendado a la Alcaldesa su urgente contratación para el catastro de inmuebles de la Municipalidad.
La abogada Daniela Paz Quiroz Saá, actual funcionaria de la Municipalidad de San Felipe sigue cobrando mes a mes y aún no es interrogada, pese a que el Fiscal Jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, emitió una orden el 1 de septiembre para que ello se realizara.
