La Empresa Citeluz llegó a San Felipe con un ambicioso proyecto. Que la capital de Aconcagua se transformara en un laboratorio para desarrollar un modelo aplicable a nivel nacional de contratos de instalación y mantención de luminarias públicas.
Jaime Amar era el Alcalde de la ciudad y quería, sí o sí, cambiar las ampolletas de 70 watts sodio, las que iluminaban como si fueran velas.
El cambió se notó. Y San Felipe se vió más luminoso.
Poco antes de finalizar su período de casi 2 décadas como máxima autoridad de la ciudad, Amar debía adjudicar el segundo contrato de este tipo. La comisión evaluadora entregó una propuesta donde una desconocida empresa del norte le ganaba a la multinacional francesa. Esto no resistía análisis, por lo que el edil declaró desierto el concurso. En la segunda instancia, ganó Citeluz.
Si bien el contrato pudo, y debió ser mejor, no tenía conflictos ni sospechas. En la administración de Patricio Freire Canto, algunos asesores creían lo contrario. Por esta razón; Citeluz, ya convertida en Citelum, vería como se reformulaba su convenio con San Felipe.
Se mejoró lo contractual, para ambas partes. Pero, San Felipe se comprometió a pagar cifras que no estaba en condiciones de hacerlo.
Y se generó la deuda, que llegó a más de 1500 millones de pesos. Se acordó una fórmula de pago pero, tras la salida de Freire, en la suplencia de Beals, se determinó no cancelarla.
Y en la gestión actual se tuvo que pagar, pero no se hizo y no le dieron importancia. Pero todo lo que se debe, se tiene que pagar. Y como no estaban atentos en el departamento jurídico, liderado por el nefasto Mario Fuentes Romero, se llegó a la instancia en que ya no se podía negociar. Sólo poner las lucas sobre el mesón.
Esta semana, Citelum aplicó precautorias al Terminal Rodoviario de San Felipe y a otro lote vecino, las que ya están inscritas al margen en sus respectivas escrituras en el Conservador Italo Vanni Silva. Y no pueden ser comercializadas. Quedan bloqueadas.
Es la forma legal que Citelum tiene para cobrar lo que se le debe.
En rigor, las deudas deben pagarse. Y esta obligación no cumplida, en las gestiones de Freire, Beals y Castillo, termina con propiedades municipales en manos de una empresa y no de su propia comunidad.
