6 exintegrantes del OS7 Aconcagua, y un civil, serán llevados a juicio por una investigación del Ministerio Público por su responsabilidad en la sustracción de droga incautada, reemplazada por arena o tierra, y cuestionados procedimientos policiales. Sus penas podrían superar, en conjunto, los 217 años de cárcel.
Sólo en uno de los casos, el del cabo 1° Sebastián Andrés Cádiz Escobar, podría llegar a 90 años de prisión, por tráfico ilícito de drogas consumado, por tráfico en grado de tentado, además de falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, hurto simple y otros delitos de menor envergadura.
Para el exsuboficial Sergio Eduardo Aedo Poblete, se piden penas por 37 años. En el caso de la excabo 1° Cindy Vanessa Cárdenas Benavides, 32 años. La Fiscalía solicita 24 años para el excabo 1° Federico Eduardo Jerez Matamala y 18 años para Álvaro Yohani Moraga Miranda. Waldo Antonio Berríos Astete, 10 años; mientras, el civil Juan Pablo Martínez Salinas arriesga 5 años y 1 día de cárcel, más otros 541 días, por tráfico ilícito de drogas y tráfico de pequeñas cantidades.
Recordemos que este hecho saltó a la luz pública el 21 de noviembre de 2024, luego de que los 6 «narcopacos» fueran denunciados por otros compañeros por alterar pruebas, «cargar» a presuntos traficantes, entre un largo etcétera.
Lo llamativo es que, 2 de los defensores de quienes debían protegernos del crimen organizado, son conocidos «narcoabogados». Y la pregunta cae de cajón: ¿cayeron en la tentación o eran infiltrados?
