Un terremoto de proporciones generó la captura de 2 ciudadanas venezolanas en San Felipe, en el marco de la investigación financiera al Tren de Aragua.
Madre e hija permanecen detenidas en la Cárcel Femenina de San Miguel, pues sus nombres aparecieron en la investigación que lidera la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.
Este hecho ha provocado gran impacto en la comunidad venezolana residente, pues se trata de integrantes de una familia amplia y conocida. Lo mismo ocurrió en la Municipalidad de San Felipe, donde una de ellas, la hija, se desempeña en el Departamento de Migraciones de la DIDECO.
La justicia deberá determinar si las cuentas bancarias de ambas mujeres eran ocupadas para transferir dineros al exterior, o para comprar criptomonedas. Al mismo tiempo, se deberá probar si ignoraban lo que ocurría, o tenían pagos o comisiones para que “prestaran” sus cuentas.
Dichos dineros eran “blanqueados” a través del sistema formal pues, eran obtenidos a través del narcotráfico, la explotación sexual, la extorsión y el sicariato. Es decir, todo al margen de la ley.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha contabilizado en 13 millones de dólares la cantidad de dinero que la temida organización criminal sacó del país, a través de testaferros o “prestacuentas”. No descartan que la cifra pueda escalar hasta los 30 millones de la divisa norteamericana.
Mientras, en San Felipe se instala una triste, pero legítima sensación de miedo. No de temor, de miedo. Es una pésima señal, de la cual ninguna autoridad se hace cargo. Y es que nunca pensaron que un buen día de julio del año 2025, nos íbamos a enterar de que podíamos llegar a convivir, en la misma ciudad, con gente que se relacionaba con la organización criminal más temida e implacable de la que tengamos recuerdo en nuestro país. Que respiraban nuestro mismo aire, que caminaban por las mismas calles o, que incluso, pudimos tener hasta un grado de cercanía con ellos.
