El desalojo de 99 familias desde el terreno de una Inmobiliaria; en el que nunca se iba a poder construir, marca la agenda de la autoridad del Valle de Aconcagua.
Se trata de un grupo de personas; al menos unas 500, que deben salir por orden judicial, y a quienes se les debe tener un lugar al cual llegar, cuando sean erradicadas.
Pero, a casi un año del pronunciamiento del tribunal sanfelipeño, todo sigue igual. No se toman las decisiones, no se aplica la resolución judicial, y quienes se puedan ver afectados, corren el grave riesgo de terminar viviendo en la calle, en una plazoleta o en una alameda.
El Delegado Provincial de San Felipe, Daniel Muñoz Pereira, ha desplegado a todo el estado que está a su alcance. Pero, reconoce, aún no se llega a una solución total.
El optimismo permite a la autoridad enfrentarse a una realidad compleja, ante la cual puede pararse en forma consistente. Muñoz sabe que ésta no es sólo una decisión administrativa. Tiene muy claro que también es política, y que eso puede establecer un standard de resolución de este tipo de conflictos a nivel nacional. Como se dice en el ambiente de los tribunales, puede determinar jurisprudencia al respecto.
