El artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipios es categórica: los bienes municipales dedicados al servicio de los vecinos, son inembargables. Pero, por increíble que sea, hay que demostrarlo. No es algo que se establezca como “evidente”.
Retrocedamos en el tiempo y lleguemos a fines de mayo de 2017. El Director Jurídico de la Administración Freire, Jorge Jara, informaba que en junio iba a entrar en funciones el nuevo contrato de parquímetros, el que iba a generar bonanza al municipio sanfelipeño.
“Esta empresa (José Hidalgo EIRL) ofreció cobrar a los usuarios 18 pesos por minuto estacionado, sin límite de tiempo; es decir, minuto efectivo, minuto pagado. Con este nuevo contrato, el municipio recibirá 23 millones de pesos mensuales, superior a los actuales 17 millones de pesos. Ellos asumirán el pintado de los pasos de peatones ubicados en el damero central de la comuna, como mínimo en cuatro oportunidades durante el año”, señaló Jara.
Mientras esto ocurría, se trabajaba en el Plan de Gestión de Tránsito, que implicaba la eliminación de una importante cantidad de calzos del centro. Dato no menor.
La puesta en marcha de dicho Plan implicó, según la empresa de parquímetros, que no pudieran recaudar lo que esperaban; por lo tanto, no le cumplieron a la Municipalidad. Y lo que es peor, a los trabajadores.
En mayo del 2019, los cobradores comenzaron a evidenciar el calvario que vivían. En paralelo, la empresa de Hidalgo perdía contratos en ciudades como Curicó. Se complicaba el “bicicleteo” y debieron recurrir a prestamistas. La gestión edilicia de ese tiempo le permitía seguir operando, aunque no le pagaran mensualmente, causal más que suficiente para cesar el contrato, lo que “sospechosamente” no ocurrió. Es más, operó en San Felipe “a la negra” durante dos meses.
“Y se marchó”, como dice la canción de José Luis Perales. La empresa, cuya oficina estaba en calle Santo Domingo, se arrancó de la ciudad. Y sus 50 trabajadores quedaron botados, literalmente. Sin pagos, con deudas de leyes sociales. Y sin certezas de nada.
Como fiador solidario, el municipio de San Felipe debía salir a responderle a los trabajadores. Pero, en una lectura legal y, al mismo tiempo incomprensible, se planteó que no debían hacerlo, pues no se trataba de un contrato externalizado (donde la entidad edilicia paga), sino de una concesión(donde el beneficiario paga).
Pero, afortunadamente, llegó el día en que las y los trabajadores de parquímetros ganaron en todas las instancias. Había que pagarles una buena cantidad, lo que le correspondió a la gestión de la Alcaldesa Carmen Castillo.
Las finanzas no gozaban de buena salud en Salinas 203. Tras largas negociaciones, los afectados lo entendieron y se allanaron a recibir lo que les correspondía en cuotas.
Pero no todos. Al menos tres exfuncionarios no estuvieron de acuerdo y esa es la razón de la determinación del Juez Laboral de San Felipe, como lo comenta el Jefe Jurídico Municipal, Felipe Salaya.
La medida coercitiva busca garantizar el pago a los tres trabajadores. En ningún caso, los vehículos municipales van a ser llevados a los corrales y van a dejar de ser usados. El embargo opera como una “prenda” en caso de una posible venta.
El Abogado Salaya dijo que esperan llegar a acuerdo lo más rápido posible. Y que van a plantear una solución que no supere las tres cuotas.
