Rodrigo Alejandro López Barrera nació en Los Andes el 6 de diciembre de 1975. Hace poco menos de un mes cumplió 49 años; los que celebró convertida, gracias al cambio de sexo registral, como María Alejandra López Barrera. Para concretar dicha modificación, no fue necesario realizar intervenciones quirúrgicas, ni contar con un certificado médico; sólo llegó hasta el Registro Civil con dos testigos.
Desde muy temprana edad, López Barrera financiaba su adicción a las drogas con la realización de favores sexuales. Se convirtió en Presidente de Traveschile Aconcagua, entidad a través de la cual solicitaba fondos municipales para cursos de peluquería y de corte y confección, varios de los cuales nunca se efectuaron.
Al mismo tiempo, trabajaba en “La Torre 10”, un olvidado burdel de calle Papudo 36 en Los Andes. Y fue en ese lugar, donde desató sus bajos instintos un 29 de febrero de 2004.
Ese día, según consta en la causa RUC 0410006767-1, López Barrera vio a J de 14 años, en la puerta del prostíbulo. Contra su voluntad, lo encerró con pestillo en una pieza. Sus gritos y llamados desesperados a su mamá, mientras forcejeaba para no ser desvestido, no fueron escuchados por ella, que también trabajaba ahí. Abusando de la asimetría corporal, “la Loca María” concretó la violación, no sin antes aplicarle una crema en el ano a la víctima.
¿Eso es un error? no. ¿Es una falta menor? no. Es un delito. Un DELITO. Un CRIMEN.
La justicia condenó a Rodrigo Alejandro López Barrera a 15 años de cárcel, los que cumplió en distintos penales, tanto del norte como del sur del país. En todos tuvo problemas de conducta, lo que le impidió acceder a beneficios, y que le significaron estar casi un año sin recibir visitas.
En marzo de 2019, ya convertida en María Lopez Barrera, dejó la prisión. Al poco tiempo, ya viviendo en San Felipe, se le acusó de tener un clandestino en Avenida Chacabuco.
La publicación de ayer de la Fuerza Informativa Aconcagua no pasó inadvertida. Y su repercusión no fue menor. Y es que el fallo de la Corte Suprema en favor de Radio Aconcagua fue contundente y categórico.
En el inciso tercero de la resolución se señala “… las expresiones vertidas por la parte recurrida podrían estimarse poco deferentes hacia el recurrente, las mismas se refieren a un hecho público como es la existencia de una condena penal en su contra, por lo que no resultan de una entidad suficiente para ser consideradas como vulneratorias de la garantía constitucional contemplada en el Nº4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que en lo medular, la publicación referida, cumple un fin informativo y de interés comunitario.”
En resumen, los magistrados señalan que la condena de 15 años que cumplió López Barrera, por haber violado y contagiado de VIH a un menor de edad, es un hecho que debe ser conocido por la gente.
Por lo mismo, a nivel político hubo impacto. En nuestro Facebook, el Alcalde Edgardo González Arancibia, dijo que es “un buen precedente que resguarda el derecho a la información de hechos de interés público. Por acá, orgulloso de nunca haberle abierto el paso en Llay-Llay, cuando muchos políticos del Valle corrían a hacerle fiesta.”
Como se sabe, María Alejandra López Barrera dirige la Organización Féminas Diversas y el Comité de Vivienda LGTB, entidades que reciben financiamiento del Estado, y que manejan una importante cantidad de recursos económicos.
Varias autoridades se han visto sorprendidas. Otras, han optado por el mutismo.
Falta por resolver algo determinado en el fallo de 2004 que envió a López a la cárcel. En él se establece que queda con inhabilitación absoluta PERPETUA para ejercer cargos y oficios públicos; además de no poder votar en elecciones políticas.
Y por increíble que parezca, María Alejandra López Barrera tiene su papel de antecedentes limpio. Al cumplir la condena, ésta se borra del sistema. Además, como su delito ocurrió hace 20 años, no queda incluído en el Registro Nacional de Pedófilos.
