La Corte Suprema condenó a la Municipalidad de San Felipe a pagar 33 millones de pesos al Abogado Jorge Jara Catalán por tutela laboral. De esta forma, ratificó la resolución de primera instancia.
En lo sustantivo, el máximo tribunal acogió el planteamiento de “vulneración de derechos fundamentales”, por la forma en que fue despedido por el entonces Alcalde Suplente, Christian Carlos Beals Campo. Se constató el maltrato personal y a través de medios de comunicación, del que fue víctima.
La información fue ratificada por el actual Director Jurídico del Municipio, Felipe Salaya.
La entidad edilicia también fue condenada al pago de 20 millones de pesos a la Abogada Jexarel Ivette Navia Lazo, quien fue contratada y despedida por Beals el 2021. El monto equivale a los meses que le restaban por cumplir de su contrato, que finalizaba el 31 de diciembre de ese año.
En otros casos judiciales, para octubre fue fijado el juicio abreviado por falsificación de título contra Valeria Ninoska Carvallo Suma de Villa, quien también fue contratada por Beals. Es un hecho de la causa que tendrá una pena menor y deberá reembolsar algunos millones de pesos.
Pero esto no termina aquí.
Uno de los personajes más “olvidables” del período del médico al frente de la Municipalidad de San Felipe, fue el Abogado Felipe González Guzmán. Sí, el mismo que se puso a regalar vales de mercadería el mismo día de la elección municipal. El mismo, que tras ser cesado, “huyó” con celulares, computadores y dineros de caja chica, aún no restituidos. El mismo que tenía un sillón en su oficina. El mismo que grababa, en forma oculta, las conversaciones que tenía con su superior.
González Guzmán, quien alcanzara “penosa” notoriedad por su increíble parecido con un personaje de dibujos animados, exigió a la Contraloría que la entidad edilicia le pague casi 2 millones de pesos en horas extras, que corresponden al tiempo en que subrogó como Alcalde a Beals, cuando éste se encontraba en su período de campaña.
El órgano contralor desestimó la petición de González Guzmán. No se pudo comprobar si había hecho efectivamente las citadas horas. Además se determinó que el decreto alcaldicio fue autorizado y firmado por él mismo.
En la página 4 de su resolución del 15 de septiembre, la Contraloría Regional señala que Felipe González Guzmán infringió “el principio de probidad administrativa”.
Además, quedó de ignorante, pues los Alcaldes no tienen derecho al pago de horas extras.
