El 26 de marzo de este año ocurrieron dos hechos que marcaron la mega crisis que vive la Municipalidad de San Felipe.
Durante la mañana, el exdirector de la Secplac, Rafael Sottolichio Bauer, acompañado por el Director de Seguridad, Felipe Olivares, y un grupo de inspectores, se constituyeron en el Fundo La Peña, para constatar una “grave” irregularidad: que camiones de transporte de áridos pasaban “como pedro por su casa”, hasta una propiedad que la Familia Córdova tiene en el lugar, y que colinda con dicho predio.
En el lugar, había sido instalado un portón con candado, el que tenía 3 llaves. Una estaba en poder de la Municipalidad, la segunda en la DOH y la tercera, en manos del Club de Tiro al Vuelo, ubicado en el sector.
Cuando Sottolichio llegó a Curimón, se encontró con que el portón instalado dos días antes, para impedir el normal acceso al Fundo La Peña, estaba abierto, como si fuera una servidumbre de paso. Eso es lo objetivo y comprobable, pues el episodio quedó grabado.
Ahí la imaginación del exconcejal, la de Mario Luis Fuentes Romero y la de la abogada Daniela Paz Quiroz Saa, generó el plan que terminó con Hernán Herrera fuera del municipio. Sólo por el hecho de que quien dejó abierto el portón es familiar de HH. Es para la risa, pero así fue.
El segundo hecho del martes 26, ocurrió en la Sesión del Concejo Municipal de San Felipe. Esa tarde, se debía votar el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal de la Dirección Jurídica. El PMGM es un bono que se divide en 4 pagos, y que equivale a un sueldo más por funcionario. Para obtenerlo, se debe cumplir el 90 por ciento de las metas fijadas; sólo habían llegado al 40.
Por esta razón, Mario Luis Fuentes Romero fue al Concejo a pedir que cambiaran la calificación, pues la evaluación no era justa, que le tenían mala, etc. Y como mansos corderos, la Alcaldesa y 5 concejales compraron el argumento. Sólo Basilio Muena se opuso. De esta forma, Fuentes y 2 secretarias obtuvieron el bono, del que ya recibieron la primera cuota.
El miércoles 27 de marzo, un día después, la Alcaldesa Carmen Castillo se encontraba en Viña del Mar participando de la Asamblea Nacional de Municipalidades. Hernán Herrera estaba de “vacaciones”; la autoridad le pidió tomarse unos días, después de presentarle la renuncia.
Por ambos preguntó Cristián Córdova, dueño de la empresa de Áridos Córdova, al apersonarse en el edificio consistorial, a eso de las 10 de la mañana de ese miércoles. Quería una explicación razonable de lo ocurrido el día anterior, pues uno de sus trabajadores le señaló que el episodio había sido “poco amable”.
Y lo atendió… Sí. Adivinó quien. Mario Luis Fuentes Romero, quien lo hizo pasar a su oficina ubicada al final de un pasillo largo. Córdova saludó a quienes estaban a la izquierda del pasillo, e ingresó a la dependencia del abogado, quien cerró la puerta.
Tras conversar solos los dos, Córdova salió tranquilo, pero molesto. “Todo se arregla con plata” le dijo su interlocutor, y eso no le pareció bien.
Todo está debidamente registrado.
Al respecto, la Alcaldesa Carmen Castillo, en una declaración efectuada este viernes, señaló que la Municipalidad de San Felipe creó una Ordenanza para regular la extracción de áridos. Agregó que, bajo su mandato, las 3 empresas habían sido clausuradas y, que actualmente, están funcionando con un permiso provisorio.
Un par de reflexiones finales: ¿por qué Mario Luis Fuentes Romero se reunió a solas, sin testigos, con una persona a quien considera parte de una red de corrupción? ¿por qué no quedó registrada la reunión? ¿por qué no se hizo por ley del lobby?
Y lo último, y quizás lo más importante: ¿por qué Mario Luis Fuentes Romero no denunció estos hechos 24 horas después de que tuvo conocimiento de ellos? ¿por qué denunció sólo cuando lo despidió la Alcaldesa un mes después?
Según el artículo 175 del Código Procesal Penal, la falta de denuncia oportuna en el servicio público es un delito. Y en Chile, quien comente un delito es un delincuente.
