El Periodismo debe incomodar al poder. La frase pertenece al Presidente de la República, Gabriel Boric Font.
Lo que parece una definición profunda; académica, de manual, se transforma en mera filosofía de cuneta cuando el poder es incomodado por el periodismo.
Cuando el periodismo incomoda al poder, es porque encuentra o descubre hechos, merecedores de ser reporteados, de darles un contexto. En muchas oportunidades, se trata de faltas, fallas, omisiones u otras, que están debidamente sumergidas en el sueño de los justos, y que desde las mismas organizaciones se hacen llegar a quienes ejercen el oficio de periodista. Los profesionales de la prensa construyen sus carreras gracias a sus fuentes, y a la confianza que genera, a lo largo del tiempo, en ellas.
Es labor del periodismo entregar información verdadera, creíble y confiable. Sobre esa base se construye la credibilidad, requisito indispensable para que las audiencias, los lectores; en definitiva, el público, busquen a un medio para que sea ése y no otro, el que les mantenga informados.
El periodismo no es la justicia. El periodismo no persigue personas. Por lo tanto, el periodismo no puede acusar ni imputar delitos. El que cree lo contrario, sólo intenta defenderse desde su propia ignorancia, y lo que es más grave, no aborda el fondo de los hechos. No tiene la contundencia para contrarrestar con argumentos.
La Municipalidad de San Felipe, en una pusilánime declaración pública, nos acusa de falta de investigación y de rigurosidad periodística. Cada uno de los hechos descritos en el reportaje denominado “Raptados”, fue enviado a la Alcaldesa Carmen Castillo Taucher, para que nos entregara su opinión, lo cual está debidamente acreditado.
En la crónica no existe acusación de delitos ni de que se defraude el patrimonio fiscal. Es más, antes de ser emitida, fue revisada responsablemente, tal como lo hemos hecho con publicaciones anteriores, donde la justicia ha obrado a nuestro favor.
Como medio periodístico, debemos resguardar un prestigio construido en 70 años de historia. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo.
Pero…
Como vecinos de San Felipe y del Valle de Aconcagua, esperaremos el pronunciamiento de la justicia en las acusaciones de práctica antisindical y de falsificación de instrumento público, que pesan sobre la Alcaldesa y su asesor, Mario Luis Fuentes Romero.
Como vecinos de San Felipe y del Valle de Aconcagua, esperaremos el pronunciamiento de los concejales de la comuna y si realizarán una presentación al Tribunal Electoral Regional, para ver si el pago de multas por el incumplimiento de leyes sociales, constituye la causal de notable abandono de deberes de la máxima autoridad.
Como vecinos de San Felipe y del Valle de Aconcagua, esperamos que el Ministerio Público investigue de oficio un eventual fraude al fisco en el marco de una asesoría legal.
Como vecinos de San Felipe y del Valle de Aconcagua, es legítimo preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué razón Mario Luis Fuentes Romero pidió la contratación por trato directo de un abogado conocido de él, se transformó en su contraparte técnica y exigió el pago de 2 millones de pesos por un trabajo que era una burda copia de un documento de la Municipalidad de Quilpué? ¿Lo fiscalizó bien? ¿Por qué tanto apuro en exigir el pago? ¿El anterior administrador cuestionó el pago?
Afortunadamente la Dirección de Control cumplió, y en la documentación que se envía al Concejo establece que NO PROCEDE EL PAGO.
Con esto, la posición del Director Jurídico de la Municipalidad de San Felipe, Mario Luis Fuentes Romero, queda muy debilitada y con los días contados. ¿Renuncia o lo destituyen?
Por Eugenio Cornejo Correa
