La norma era del 2016; es decir, desde los tiempos del Alcalde Freire.
Para entregar una serie de beneficios, había que pedir el Registro Social de Hogares (RSH) a las y los vecinos. Eso definió durante ese año la Contraloría General de la República, organismo que regula las acciones del Estado, pero que no impone y no sanciona. Sugiere o propone.
Recordemos que en los últimos 7 años, se registró un estallido social, ocurrió una pandemia. Muchas cosas cambiaron. O sea, en rigor, su aplicación era letra muerta.
Recién este 2023, algún ratón de biblioteca consideró que en San Felipe había que ponerle más dificultades a quienes debían recibir beneficios. Esto, a poco más de un año de la elección municipal, donde la Alcaldesa Carmen Castillo va por un segundo período.
Un desatino total. Una torpeza brutal.
Como era de esperar, el tema explotó en el tercer piso de Salinas esquina Prat. La propia edil debió salir a corregir la problemática creada por su equipo.
Castillo resolvió que aumenta la edad de quienes reciben juguetes y, al mismo tiempo, se elimina el requisito del RSH.
Las Juntas de Vecinos de San Felipe tienen plazo hasta el 13 de octubre para entregar los listados en el Dirección de Desarrollo Comunitario.
