Por María Francisca Bello Campos, Diputada Distrito 6
¿Quién protege a las infancias? Esa es la pregunta que me ha rondado con fuerza desde que se anunció el desalojo de la Toma Yevide, en San Felipe. Y no es una pregunta al azar. Es una urgencia. Porque más allá del debate legal, más allá del conflicto entre privados, lo que está en juego aquí son vidas. Vidas reales. De familias que, por múltiples razones, no han encontrado otra opción más que levantar sus hogares en un lugar que -hay que decirlo con claridad- no es seguro para vivir. En ese lugar no puede vivir nadie, ni una toma, ni un condominio, ni una mansión, porque es una zona inundable
En la Toma Yevide se han presenciado balaceras, incendios, animales muertos abandonados entre la basura. No estamos hablando de un lugar donde simplemente “no hay comodidades”. Estamos hablando de un entorno que atenta directamente contra la dignidad y la integridad de quienes lo habitan. Es imposible mirar hacia otro lado.
Sin embargo, el problema no se soluciona simplemente retirando a las personas de allí. El desalojo no puede ser la única respuesta que se da desde la institucionalidad. ¿Qué pasa después? ¿Dónde van esas familias? ¿Dónde duermen esos niños y niñas mañana, cuando ya no haya un techo -por precario que sea- que los cobije?
Como diputada por el Distrito 6 y como aconcagüina, me niego a normalizar una mirada deshumanizante sobre estas personas. Nadie es “desechable”. Nadie es un objeto que se mueve de un lugar a otro solo para “ordenar” el paisaje urbano. Estamos hablando de seres humanos, de niños y niñas que ya cargan con el peso de vivir en condiciones adversas, y que ahora, además, enfrentarán un desarraigo que puede dejar cicatrices profundas en su desarrollo emocional.
No se trata de oponerse al orden ni de avalar la ocupación ilegal de terrenos. Se trata de actuar con responsabilidad y humanidad. De poner a las personas al centro. Y en particular, de poner a los niños al centro, porque son ellos los que más sufren, y los que menos voz tienen.
Un desalojo no puede ejecutarse sin empatía, sin planificación ni sin alternativas dignas. Es fundamental hablar de protección, de acceso a la vivienda, de inclusión. Porque si solo respondemos con fuerza, pero sin soluciones reales, estamos pateando el problema para más adelante… y condenando a cientos de familias a repetir el mismo ciclo de precariedad.
No es casualidad que, según un estudio de GPS Property publicado en marzo de 2025, las tomas ilegales en Chile estén creciendo a un ritmo de 30% anual desde 2019. Eso significa que cada año, se expanden 120 hectáreas nuevas de ocupaciones informales. No podemos seguir ignorando esta realidad. La pregunta no es si va a pasar de nuevo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer diferente esta vez?
Apoyar a estas familias no es solo un gesto de buena voluntad: es una responsabilidad ética, social y política. Las infancias necesitan apoyo. Necesitan protección. Necesitan certezas, no despojos.
Y eso empieza con algo tan simple -y tan profundo- como mirar a los ojos a quienes viven allí, y decirles: te veo, te reconozco, y no te voy a dejar solo.
